El domingo pasado se “conmemoraron” siete años del fatídico 18 de octubre de 2019; el antepasado, siete meses desde que asumiera el gobierno de José Antonio Kast.
La proximidad de ambas fechas da pie para hacer una somera reflexión sobre qué ha ocurrido en el país en todo este tiempo, desde el mal llamado “estallido” a la fecha, así como qué perspectivas económicas, políticas y sociales se avizoran respecto de la administración actual… sobre todo cuando las cifras de aprobación ciudadana se encuentran, hoy por hoy, en sus niveles más bajos.
Las llamadas “demandas ciudadanas” que se tomaron la agenda a partir del 18 de octubre de 2019, lejos de ensoñaciones febriles como un cambio de régimen o de Constitución, eran relativamente claras: mejor educación, mejor salud, mejores pensiones; en breve, unos llamados “derechos sociales” más robustos y que permitieran hacer carne esa entelequia que solía denominarse, bastardización idiomática mediante, “dignidad”.
Contra el pronóstico de muchos, Sebastián Piñera termina su mandato y acaba entregando personalmente la banda presidencial a Gabriel Boric; un jovencísimo e inexperto egresado de Derecho que, indudablemente, jamás habría llegado a ser Presidente de la República de no ser por el 18 de octubre y la borrachera constitucional que le siguió.
Y entonces… cuatro años más de “gestión”.
Flash-forward al final del mandato de Gabriel Boric y, dejando de lado el estrepitoso fracaso del que fuera su proyecto político estrella —una nueva Constitución—, ¿qué queda? Unas mismas deudas sociales insatisfechas y encima agravadas por el surgimiento de dos nuevas crisis: una de seguridad —asentamiento definitivo del narcotráfico y crimen organizado en el país— y otra económica —niveles galopantes de inflación, alto desempleo, estancamiento económico y mayor pobreza—.
Evidentemente, y como podría haberse predicho con facilidad —este cristiano lo hizo— desde el mismo día en que accedieron al poder, la generación nueva con valores superiores no dio el ancho. Quizá no sería demasiado injusto decir que jamás estuvieron siquiera cerca de darlo.
La falta de experiencia y la ineptitud ciertamente se pagaron caro. La deriva constitucional y de gobierno durante los tres años y medio siguientes —en evidente pero no exclusiva relación de causalidad— se castigaron con un voto eminentemente pendular y apabullante. Es así como, en línea con el “triunfo” del Partido Republicano para la segunda elección de constituyentes, una histórica mayoría ciudadana termina eligiendo, a cuatro años de haber votado por un ex diputado de inspiración marxista, a un candidato conservador y supuesto representante de las causas que suelen ser patrimonio tradicional del sector, a saber, seguridad y economía.
Hecho este breve resumen, y volviendo al punto de inflexión que fuera el 18 de octubre de 2019, no puede ni debería perderse de vista algo que, aunque parezca banal, no deja de ser cierto, profundamente dañino e incluso —si incurrimos en una arista eminente y suciamente pragmática— peligroso: a siete años del “18-O”, esas demandas ciudadanas o reivindicaciones sociales continúan no solo insatisfechas, sino que en muchos planos en peor pie y, además, sin atisbo real de querer ser siquiera atendidas con la atención y profundidad que merecen.
En pocas palabras: la élite chilena sigue en una absoluta inmovilidad.
En lo tocante al nuevo gobierno, y a siete meses de su juramento, el único esfuerzo importante que pareciera haberse realizado en consonancia con lo antes dicho es el llamado proyecto de reconstrucción (en línea justamente con la retórica de “gobierno de emergencia” con que José Antonio Kast ganó y que todavía pretende, a mi juicio un tanto inexplicablemente, enarbolar); una “megarreforma” que por muy ambiciosa que pretenda ser, por cierto no alcanza siquiera a arañar la superficie de lo que es el forado social y económico que quedó en evidencia siete años atrás..
Es curioso, pero hoy mismo, en un seminario llevado a cabo en el Centro de Estudios Públicos —precisamente para hablar del 18 de octubre—, uno de los expositores daba titulo a su presentación aludiendo a los supuestos vientos con que el gobierno actual contaría a favor.
Lo anterior causa cierta gracia no solo porque parece ser una mirada notoriamente optimista, autocomplaciente y quizá hasta miope, sobre todo en el contexto de desaprobación actual y de los múltiples, por decir lo menos, desaciertos comunicacionales de la presidencia (no entremos ya en temas verdaderamente de fondo, como la crisis laboral que ha alcanzado en el último mes ribetes históricos, o el reciente descalabro de los fondos de pensiones), sino porque tampoco es que se observe hoja de ruta o siquiera pista alguna que pudiera llevar, a algún adherente del sector, a convencerse de que en el gobierno realmente han entendido las prioridades de la gente y que se están haciendo cargo (y si acaso esto fuera así, ciertamente no se nota demasiado).
Si hablamos de potencialidades y desde la más absoluta abstracción, por cierto que el actual tiene la oportunidad —como en principio lo tendría cualquier gobierno a poco andar— de convertirse en el mejor de la historia reciente (algo que, convengamos, tampoco es muy difícil). Pero esto implicaría, bien digo, acusar recibo de las urgencias sociales, dar muestras claras de que hay un diagnóstico certero y proponer, cuanto menos, una hoja de ruta; una hoja de ruta que hoy, más allá del discurso contingente anclado precisamente en esa desafortunada y limitada idea del “gobierno de emergencia”, no existe.
Hay una vertiente izquierdista abiertamente antidemocrática o al menos simpatizante de la violencia política que, transitando desde el Frente Amplio y el PC (a nivel institucional) hasta agrupaciones como la ACES, la CONFECH y la ANEF (a nivel de movimientos satélite —de agrupaciones incluso más extremistas para qué hablar—), indudablemente intentará azuzar los ánimos y seguir tensionando la brecha política y social durante lo que quede de gobierno; es el manual más básico de desestabilización política que a un sector de la izquierda tanto le agrada y que se viene ensayando, al menos en Chile, porque bien sabemos que estas cosas se juegan a nivel internacional, desde Piñera I.
Soy de los que creen que ese tipo de estrategia política ciertamente no volverá a encontrar apoyo ciudadano mayoritario, a 7 años del descalabro, por razones un tanto obvias. Pero así como esto último no puede llevarnos a suponer, ilusamente, que esos movimientos y personajes aficionados a la barricada dejarán de hacer su trabajo, tampoco podemos caer en la creencia de que, porque difícilmente habrá una mayoría dispuesta a salir a la calle a animar un nuevo proceso de revueltas, aquella ha perdido el interés o la urgente necesidad de que la clase política rellene ese agujero económico y social que el 18 de octubre evidenció.
Sin ir más lejos, bien podría ocurrir que en algún momento no tan lejano se desate alguna tormenta perfecta que, aunque no derive en la quema masiva de estaciones de Metro o una salida por millones a las calles, constituya algún hito político que ponga al gobierno en aprietos (imaginemos, por ejemplo, un multitudinario “cacerolazo”).
Con todo, hay que decirlo con cada una sus letras: ese forado económico y social de dimensiones colosales existe, se hace cada vez más grande, y no solo no se va a tapar pronto, sino que no parece que nadie tenga intenciones serias de comenzar a hacerlo o, peor aún, nadie parece siquiera entender bien cómo lo debe hacer.