En 1946 el economista austriaco Henry Hazlitt publicaba su magnum opus: La economía en una lección.

El libro representa, desde luego, una de las obras cumbre de la llamada escuela económica austriaca. Pero su gran acierto, como ya deja entrever el título, no radica tanto en exponer los principios que fundamentan el pensamiento de dicha escuela, como en enseñar de forma didáctica, incluso al mayor de los legos, cuál es el error más común en que incurren los malos economistas (hoy por hoy diríamos que estos probablemente sean la mayoría, considerando el alzamiento del keynesianismo como religión universal) y cuál es, por tanto, la lección más importante que debiera aprender un buen economista.

La lección en cuestión es la siguiente: antes de que el político, el burócrata o el economista de turno implemente una política pública determinada, debe considerar no solo las consecuencias más inmediatas y sus implicancias en el grupo o entorno específico al que afectará de forma directa; por el contrario, debe tomar en cuenta cuáles serán los efectos indirectos a lo largo del tiempo y cómo incidirá dicha medida en el contexto general de la población.

El aleteo de una mariposa genera un huracán al otro lado del mundo, diría alguien con pretensiones poéticas.

Esta obviedad incluso científica, que no es otra cosa que una manifestación de la verdad natural de que las causas tienen efectos más allá de lo que podemos observar en el entorno inmediato y tiempo más próximo, no es tan obvia, sin embargo, cuando hablamos de economía. Por algo debió Hazlitt recordar a los airados defensores del Leviatán cómo sus supuestamente bienintencionadas pero finalmente falaces ideas, tendientes siempre a favorecer al poder estatal y desmejorar la libertad de los ciudadanos, omitían un principio tan básico.

Lamentablemente, hoy en día observamos que esta lección esencial no solo es olvidada en el área de la ciencia económica, sino incluso en la política nacional.

Y es que esa es la dramática verdad que hoy tienen que afrontar, comprender y asumir tanto Boric como sus electores.

Porque cuando observamos el abrasador e inclemente fuego que ha arrasado miles de hectáreas en la -por decir lo menos- conflictiva Macrozona Sur, con pérdidas que se traducen no solo en cuantiosas mermas económicas -lo que ya de por sí constituye una tragedia- sino además en la destrucción de escuelitas, hogares e incluso vidas, por culpa de acciones cuanto menos delincuenciales y cuanto más terroristas*, tenemos el deber de recordar cuáles fueron las decisiones y señales políticas adoptadas y enviadas en el pasado reciente que nos llevaron hasta este escenario dantesco por el que hoy, curiosamente, todos rasgan vestiduras, ignorando deliberada o inocentemente, por lo demás, su propia responsabilidad en este resultado.

Dicho en otros términos, ¿cómo es que llegamos aquí?

Si nos ponemos excesivamente quisquillosos y causalistas podríamos llegar al absurdo de remontarnos varias décadas atrás. Más aún: dependiendo del grado de odiosidad -u ociosidad- de cada uno, podríamos llegar varios siglos atrás, hasta la conquista española o, incluso, aquellos tiempos en que los araucanos usurparon a las poblaciones indígenas preexistentes los territorios de la hoy llamada macrozona sur. Después de todo, como diría un viejo profesor de historia del derecho (en un no muy sofisticado sofisma para argumentar a favor de la aparente generación espontánea del golpe del ‘73): si seguimos ese camino podríamos llegar hasta Adán y Eva.

No hace falta ir tan atrás. Cuando uno mira el pasado político reciente de nuestro triste país, encuentra un punto de inflexión obvio que resulta ser la chispa que da inicio al fuego político en que lenta y lamentablemente seguimos cocinándonos.

Me refiero, desde luego, a la insurrección del 18 de octubre de 2019 y el subsiguiente intento fallido de golpe blando, el proceso al que la izquierda radical chilena eufemística e infructuosamente le gusta llamar “revuelta popular”.

Y es que cuando aquella parte de la casta política que hoy al fin se encuentra en el poder, con cinismo no solo avala, sino que legitima e incluso promueve activamente la violencia política (a veces de forma torpe y juvenil, como el adolescente que no alcanza a dimensionar las consecuencias de aquellos actos espontáneos suyos que surgen como fruto de una efervescencia anímica temporal; a veces de forma cuasipsicopática, como el adulto que sabe perfectamente del mal que hace y aún así persevera), cuando, bien digo, avalan, legitiman y promueven activamente la violencia política, casos como el del desastre incendiario en la macrozona sur surgen de forma natural como parte de las consecuencias que tarde o temprano y de forma inevitable aquellos hechos acarrearán, por mucho que esas consecuencias no pudieran haber sido específicamente previstas.

El curso causal entre los hechos de aquel octubre y lo que sufrimos en el sur a día de hoy es, si hace falta explicarlo, bastante obvio: en la medida que se permitió y promovió el lumpen y el terrorismo (con una afectación sistemática de los derechos fundamentales e incluso la salud mental de la población, de la que nadie se hizo cargo jamás y que parece ser tabú hasta el día de hoy), se envió una señal clara e inequívoca, de magnitudes sin parangón en los últimos 30 años, a perpetradores de delitos de la más diversa entidad y por cierto a los grupos terroristas que asedian el sur de Chile.

¿Y cuál es esa señal? Pues que el Estado (cuya raison d’être es precisamente garantizar el cumplimiento del principio de no agresión entre las personas para que podamos tener una convivencia pacífica) no solo era poco eficaz en la persecución y prevención del delito, sino que no estaba dispuesto a usar su legítimo mazo para aplastar a delincuentes y terroristas y, más aún, toleraría su accionar.

Si encima tenemos representantes del poder político que promueven y defienden activamente el accionar criminal de aquellos con consignas populacheras y abiertamente mentirosas, como “no criminalicemos la protesta social”, ¿acaso no es evidente que, como se diría de forma coloquial, el chancho está tirado? Cuando el único desincentivo para delinquir que tiene un terrorista o un delincuente común es la perspectiva de una persecución penal que acabará con su libertad individual, y esta desaparece del horizonte de probables resultados, ¿qué razones le quedan a aquellos para no delinquir?

La respuesta es obvia: ninguna en absoluto.

Así, cabe afirmar que evidentemente existe una responsabilidad política del gobernante de turno -y de la revoltosa coalición que lidera-; un actual Presidente de la República y otrora diputado, por lo demás, cuyo historial de voto fue inequívoca y sistemáticamente contrario a la persecución del delito, ¡incluso a la hora de votar el agravamiento de penas para quienes atentaran contra sus hoy heroicos bomberos! (No comentemos ya el infame y -afortunadamente para Boric- olvidado episodio de los indultos a terroristas y delincuentes reincidentes.)

Sin embargo, hay también aquí una gran cuota de responsabilidad cívica que recae sobre una buena parte de la sociedad chilena que no solo apoyó de forma entusiasta, víctima del engaño político y la ingeniería social, el proceso insurreccional del 2019, con sus métodos barbáricos y consecuencias funestas, sino que además eligió al actual Presidente.

No podemos obviar que siempre se tuvo a la vista un candidato que se vendió a sí mismo como de izquierda ultra y cuya fama le precede, con un historial de votaciones en la Cámara de Diputados, como ya hemos visto, sistemáticamente contrarias a la persecución del delito, y que además quiso llegar al gobierno con la promesa expresa de indultar a los poquísimos delincuentes que el Estado chileno capturó durante la barbarie del 2019. Tampoco se puede obviar que, precisamente por lo anterior, ninguno de sus electores tiene la oportunidad de alegar ignorancia o acaso inocencia.

Ahora bien, no se trata, desde luego, de responsabilizar a quienes hayan votado por el presidente en ejercicio, de cada acción y/u omisión perniciosa en que este último incurra a lo largo de su administración; más que mal, nadie cuenta con una bola de cristal que le permita predecir con certeza cuál será el comportamiento de su candidato a lo largo de todo su mandato, en caso de llegar al cargo. ¿Pero qué pasa cuando a este le preceden, insisto, no solo la fama, sino cada una de sus declaraciones y acciones concretas? ¿Y cuando incluso forma parte de sus expresas promesas de campaña el indultar a delincuentes?

En cualquier caso, de lo que sí se les puede responsabilizar a aquellos chilenos es de haber promovido alegre e inadvertidamente el mentado proceso insurreccional, cuya huella se remonta ya casi cuatro años atrás y cuyas secuelas se siguen observando hasta el día de hoy.

De nuevo, la lección de Hazlitt: hay que entender que las causas tienen efectos, y que estos son más duraderos e incluso imperceptibles en lo inmediato de lo que nuestra cortoplacista mirada nos permite ver. Tanto en economía como en política, el desconocimiento de este principio natural resulta catastrófico.

Es tiempo de que tanto nuestros gobernantes padecientes de adolescencia tardía como sus gobernados comprendan al fin -rasgo de la adultez- la tremenda responsabilidad que les cabe y cómo nuestros actos generan consecuencias, aun cuando pretendan desentenderse de los primeros o no sean capaces de prever cuáles serán estas últimas en particular.

Y sí, sostengo que resulta absurdo, en este contexto, pretender alegar ignorancia de las secuelas particulares de un hecho determinado. Aducir algo diferente sería como afirmar que un flaite que se emborracha, consume unos cuantos gramos de “tussi” y se sube a un vehículo para salir disparado a 170 km/h por las calles de Santiago, no sabía que iba a atropellar en el camino a un anciano de 75 años, dos perros y pasar a llevar un poste que dejaría sin luz a una población completa.

El pasado octubre, a tres años de la debacle, Lucy Oporto, la filósofa allendista de la Universidad de Valparaíso, sostuvo acertadamente que hoy existe en la sociedad chilena “un clima de descomposición y hasta de locura” y que el país “está más desastroso que hace tres años” (Carlos Peña, en un tenor similar y por las mismas fechas, también afirmó: “Chile está convertido en un desastre”, pero como ya sabemos, hasta ahí no más le llegaba la cordura).

Toca recordar que nada de esto surgió por generación espontánea. Lo cierto es que la progresiva erosión del Estado de Derecho y de la tradición pacífica que existía en Chile en décadas anteriores -aun con todos los defectos de su democracia-, es una sucesión de eventos cuyo origen inequívoco se encuentra en ese punto de inflexión y quebrantamiento institucional y de la convivencia nacional llamado 18 de octubre, al cual una gran proporción de chilenos, de forma entusiasta a la vez que torpe, adscribió.

Con todo, como parte de quienes humildemente y dentro de nuestras posibilidades intentamos advertir acerca del precedente crítico que en materia política y de seguridad se estaba sentando, así como las todavía imprevisibles consecuencias que de ese proceso iban a derivar, debo añadir que estos incendios intencionales en la zona sur están lejos de ser lo peor a lo que nos podríamos enfrentar en los próximos años.

Hemos visto ya que ese flaite santiaguino borracho ha arrollado a una persona, dos perros y derribado un poste, pero aún sigue a la fuga. Cuántos más pueda matar en el camino o qué peores fechorías, incluso, podría llegar en ese estado a realizar, aún está por verse.

Recuerden: el chancho está tirado.

---

* A estas alturas ya no existen dudas sobre el origen intencional de varios focos de incendio y bastará haber leído cualquier periódico durante los últimos 7 días para contar con información seria. Con todo, aquí hay algunas fuentes que aportan datos precisos: 1, 2, 3, 4 y 5.